Harfuch y los seis nuevos penales: ¿qué pasó y por qué es tendencia?
Omar García Harfuch se volvió tendencia en X este martes 13 de octubre de 2026 porque, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. En conjunto, tendrán capacidad para 18 mil 480 personas privadas de la libertad y, según el gobierno federal, estarían listos alrededor de 2028.
¿Qué anunció García Harfuch?
De acuerdo con El Universal, el funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer penal se construirá en Sinaloa, con recursos federales y una capacidad proyectada de 2 mil 640 espacios. Los nuevos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección, bloqueo de señales de celular y módulos diferenciados para clasificar a los internos según su perfil y nivel de riesgo.
El objetivo, dijo García Harfuch, es que “el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios” y que las organizaciones criminales no puedan seguir operando desde su interior. El plan también contempla espacios para educación, trabajo, capacitación, salud y deporte, como parte de la reinserción social. Los penales se harán en coordinación con los gobiernos estatales y, de acuerdo con El Diario de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda aún define su financiamiento.
El contexto: sobrepoblación y lo ocurrido en Mazatlán
El anuncio llega días después de las riñas registradas la semana pasada en el penal El Castillo de Mazatlán, en Sinaloa, que dejaron 12 internos sin vida y una decena de heridos, según El Universal. Mientras se construye el nuevo centro, ese penal está reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad. García Harfuch enmarcó la obra dentro de la estrategia integral para Sinaloa, donde también se fortalecen la policía y la fiscalía estatales.
La propia presidenta Sheinbaum reconoció el problema de fondo: desde el inicio de su administración se han detenido alrededor de 70 mil personas, lo que elevó la población de varios centros estatales. “No podemos permitir la sobrepoblación. Primero, por derechos humanos (…) Y segundo, también por seguridad, porque la sobrepoblación también genera problemas si tenemos el mismo número de custodios”, dijo. También aclaró que los nuevos penales no serán operados por empresas privadas, sino por autoridades federales o estatales. Por su parte, Jacobo Olaf Rodríguez García, titular de Prevención y Reinserción Social, adelantó que se revisarán casos de internos, sobre todo en el Estado de México, para ver si procede su liberación cuando se trate de delitos menores.
Las cifras del informe penitenciario
Además del anuncio, el secretario presentó un balance del sistema penitenciario. Del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad para reducir riesgos; de ellos, 636 salieron de Sinaloa en nueve operativos hacia centros federales. También se hicieron 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, en los que se aseguraron más de 306 objetos y sustancias prohibidas. Según el funcionario, los códigos de emergencia en penales federales bajaron 35% frente a la administración anterior, y se incorporaron mil 192 nuevos elementos, además de crear una Unidad de Reacción Penitenciaria para apoyar a los estados.
¿Por qué es tendencia y por qué importa?
El tema se movió en X porque involucra a seis estados y reabre una discusión de largo plazo en México: qué hacer con cárceles saturadas, con poco personal y, en algunos casos, con autogobierno de grupos criminales. En varios estados, la llegada de un penal genera reacciones encontradas: hay quien lo ve como una inversión necesaria en seguridad y quien teme por el impacto en las comunidades cercanas. En Veracruz, por ejemplo, la gobernadora Rocío Nahle había hablado del proyecto un día antes, según Lado.mx, mientras que medios de Sonora y Sinaloa destacaron que sus estados están en la lista.
También hay un debate de política pública. Construir más espacios atiende la sobrepoblación, pero especialistas en derechos humanos han insistido durante años en que el problema no se resuelve solo con más celdas: influyen el uso amplio de la prisión preventiva, la lentitud de los juicios y la falta de programas de reinserción. Por eso el anuncio de revisar casos de delitos menores y de incluir espacios de educación y trabajo es parte central del mensaje oficial. La pregunta será si el nuevo modelo logra algo que en el pasado costó mucho: que el Estado controle realmente lo que ocurre dentro de los penales.
¿Qué sigue?
Los próximos pasos son definir el financiamiento con Hacienda, precisar la ubicación exacta de cada centro —que en estados como Veracruz aún no se ha dado a conocer— y arrancar la obra en Sinaloa, que será la primera. La meta oficial es tener los seis penales listos hacia 2028. En paralelo, seguirá la modernización de centros federales como El Altiplano, Veracruz, Durango y Sinaloa, y la revisión de expedientes en el Estado de México. En las próximas semanas, también será clave ver cómo responden los gobiernos estatales y los habitantes de las zonas donde se construirán.
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Fuentes: El Universal, Expansión Política, Quadratín, El Diario de Chihuahua, Lado.mx y publicaciones en X de Político MX, SDP Noticias y Diario de Puebla.
