Retrato oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025

Trump dice que México está controlado por cárteles: ¿qué pasó y por qué es tendencia?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado recientemente que “México está en gran parte controlado por los cárteles” de la droga  . Estas afirmaciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países debido a las operaciones de vigilancia que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) está llevando a cabo en territorio mexicano.

Informes recientes revelan que la CIA ha incrementado el uso de drones no tripulados, específicamente los MQ-9 Reaper, para espiar las actividades de los cárteles dentro de México  . Estas operaciones, que comenzaron durante la administración de Joe Biden, se han intensificado bajo el mandato de Trump, quien ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta designación otorga a Washington mayores facultades para intervenir en la lucha contra estas organizaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha minimizado los informes sobre los vuelos encubiertos de drones estadounidenses, calificándolos como una “campañita”  . Sin embargo, también ha exigido a Trump que tome medidas más severas contra el narcotráfico en su propio territorio, argumentando que el problema es transnacional y requiere cooperación bilateral efectiva.

La utilización de drones para espiar a los cárteles ha generado un debate intenso. Por un lado, algunos sectores en Estados Unidos justifican estas acciones como necesarias para combatir el narcotráfico y la crisis de fentanilo que afecta al país. Por otro lado, críticos argumentan que estas operaciones violan la soberanía de México y podrían exacerbar las tensiones diplomáticas entre ambos países.

La situación actual refleja una compleja dinámica en la relación bilateral, donde la seguridad, la soberanía y la cooperación internacional se entrelazan en un delicado equilibrio. Mientras Estados Unidos busca intensificar sus esfuerzos contra el narcotráfico, México defiende su autonomía y exige una estrategia conjunta que aborde las raíces del problema en ambos lados de la frontera.

¿Qué pasó después?

Dos días después de esas declaraciones, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado publicó en el Registro Federal la designación de ocho organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras. Seis tienen origen en México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Las otras dos son el Tren de Aragua, de Venezuela, y la Mara Salvatrucha (MS-13). La medida cumplía una orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero, su primer día de regreso en la Casa Blanca.

Ese mismo 20 de febrero, la presidenta Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución en materia de soberanía. El Senado la aprobó el 26 de febrero con 107 votos a favor y 14 en contra, y el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025. El nuevo texto del artículo 40 establece que México no aceptará intervenciones extranjeras, como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación de su territorio, y que cualquier investigación en el país requiere la autorización y colaboración del Estado mexicano.

¿Por qué es tendencia?

La frase de Trump llegó en plena negociación por los aranceles. El 3 de febrero, Estados Unidos había pausado por un mes un arancel de 25% a los productos mexicanos, después de que México se comprometió a enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. Por eso cada declaración sobre los cárteles se leyó como una presión adicional sobre el gobierno mexicano. A finales de febrero, México envió a Estados Unidos a 29 presos ligados al narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero.

¿Por qué importa?

Estados Unidos es el principal socio comercial de México y el destino de la mayor parte de sus exportaciones, así que la relación de seguridad está atada a la economía. La designación terrorista también tiene efectos legales: amplía las herramientas de Washington para perseguir el dinero de estos grupos y eleva el riesgo legal para cualquier persona o empresa que les dé apoyo material.

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