Qué pasó, qué viene y cómo responderá Grupo Salinas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió esta semana una serie de recursos interpuestos por empresas del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego y confirmó —en varios casos por unanimidad— créditos fiscales que implican adeudos multimillonarios que, con actualizaciones y recargos, rondan entre los 48 y 50 mil millones de pesos. El fallo cierra —al menos a nivel nacional— varias de las últimas vías legales que el grupo había utilizado para retrasar o impugnar esos cobros.
¿Qué decidió exactamente la Corte?
- La SCJN desechó la mayoría de los amparos y revisiones promovidos por empresas de Grupo Salinas (entre ellos recursos de Grupo Elektra y de filiales vinculadas a TV Azteca), ratificando sentencias de tribunales colegiados que validaban créditos fiscales por ejercicios correspondientes, en su mayoría, a años entre 2008 y 2015. En la suma total de los asuntos resueltos se mencionan números que, según distintos medios y el cómputo con recargos, se acercan a los 48–50 mil millones de pesos.
- En al menos uno de los asuntos la Corte ordenó a Elektra pagar alrededor de 33 mil millones de pesos, que forma parte de ese total mayor.
Antecedentes: juicios, amparos y “tácticas dilatorias”
Los casos no son nuevos: llevan más de una década en tribunales. Durante los últimos años Grupo Salinas presentó docenas de recursos (informes periodísticos contabilizan más de 100 recursos ante la Corte en cinco años) intentando frenar ejecuciones fiscales o poner en duda la legalidad de los créditos reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Muchos analistas han calificado la estrategia como una combinación de defensa legal firme y maniobras para ganar tiempo.
Reacción de Grupo Salinas
La reacción del grupo fue inmediata y enérgica: consideró el fallo como un acto motivado políticamente, denunció “persecución” y anunció que agotará todas las instancias disponibles, incluidas vías internacionales —la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias— para defenderse y, según comunicados, reclamar violaciones a garantías. Grupo Salinas además ha dejado abierto el camino de la negociación con la autoridad fiscal, pero su postura pública hasta ahora es litigar y denunciar presuntas violaciones al debido proceso.
Reacción del Gobierno y de la Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en términos institucionales: afirmó que será la Corte la que determine conforme a la ley el monto y la procedencia de los créditos fiscales y reiteró que el gobierno actuará “estrictamente de acuerdo con lo que establece la ley”. En el mismo sentido, el Ejecutivo ha defendido la acción de las autoridades fiscales en su empeño por recuperar adeudos y evitar privilegios para grandes deudores.
Otros frentes abiertos: casinos y medidas de Hacienda
Paralelamente a los fallos fiscales, autoridades federales han suspendido operaciones y bloqueado cuentas de 13 casinospresuntamente vinculados a tipologías de lavado de dinero en investigaciones coordinadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En ese listado figuran dos casinos vinculados a empresas del Grupo Salinas, que la empresa negó están vinculados a actividades ilícitas y calificó la acción como “asedio” o “acoso político”. Esta acción administrativa complica políticamente la situación del grupo y puede aumentar la presión financiera.
¿Qué pueden hacer ahora Grupo Salinas y Elektra? (pasos probables)
- Agotar recursos internacionales y litigio político-jurídico. Ya lo anunciaron públicamente: llevar el caso a instancias como la CIDH y a foros internacionales para reclamar violaciones procesales o garantías. Esto no paraliza de manera automática la ejecución de créditos en México, pero es una estrategia para generar presión política y mediática.
- Negociación con el SAT. Aunque la empresa muestra una postura combativa, otra vía es negociar un pago fraccionado, acuerdos o la aplicación de descuentos/compensaciones contempladas en la ley fiscal —una salida práctica para evitar embargos masivos— si ambas partes lo consideran viable. Autoridades han sugerido que hay mecanismos de pago y descuentos si el contribuyente decide resolver.
- Recursos administrativos y medidas cautelares. Buscar medidas para proteger activos clave (por ejemplo, impugnar apremios fiscales, buscar suspensiones —cuando proceda— o reordenar estructura societaria) para minimizar riesgo de embargos. Sin embargo, la nueva orientación de la Corte y la reforma al procedimiento de amparo han acotado la efectividad de bloqueos dilatorios a largo plazo.
- Acciones corporativas y de comunicación. Reestructuración financiera, insonorización de filiales, comunicación para inversionistas y clientes (especialmente si alguna unidad opera con capital externo o en mercados internacionales). Recordemos que Elektra fue deslistada de la Bolsa meses atrás; eso limita ciertas respuestas de mercado pero permite maniobras privadas de capital.
¿Puede Hacienda embargar o rematar activos?
Sí: si los créditos devienen firmes y no se llega a acuerdo o suspensión procedente, el SAT tiene facultades para ejecutar (embargos, remates, bloqueos). Varios medios y expertos legales recuerdan que, con la revocación de amparos y la confirmación por la Corte, las herramientas ejecutivas del fisco quedan disponibles. No obstante, la implementación práctica (qué activos, en qué orden) es compleja, aparece litigio adicional y suele implicar negociaciones en paralelo.
Impacto político, económico y mediático
- Político: El caso se ha convertido en un símbolo en la discusión sobre la equidad fiscal y la relación entre el Estado y grandes empresarios. Para el Ejecutivo es una prueba de su capacidad para cobrar grandes adeudos; para Salinas es un caso emblemático de confrontación con el poder.
- Económico: Además del posible impacto directo en la liquidez del grupo, la intervención sobre casinos y la tensión con autoridades podría afectar negocios bancarios y financieros asociados o la percepción de riesgo en sus filiales.
- Mediático: El grupo ha elegido un discurso público combativo (denuncias de persecución), que busca sumar apoyo entre simpatizantes y presionar a través de la opinión pública; el gobierno, en cambio, enfatiza legalidad y no privilegios.
Conclusión: ¿qué debemos vigilar en los próximos días?
- Comunicados formales del SAT sobre pasos concretos (embargos, calendarios de ejecución).
- Acciones legales internacionales anunciadas por Grupo Salinas (si se presenta demanda ante la CIDH u otro organismo).
- Movimientos corporativos dentro del grupo: ventas de activos, reestructuras o anuncios financieros que indiquen cómo cubrirán pasivos.
- Medidas administrativas adicionales (más clausuras, bloqueos o investigaciones conexas a casinos y operaciones financieras) que puedan agravar la presión.
